Tras polémico dictamen sobre obligatoriedad de realizar PCR a trabajadores, la DT cambió su postura


La semana pasada, el servicio emitió un dictamen en el que aseguraba que los empleadores no podían negar el ingreso de un trabajador a las faenas por no contar con un PCR negativo. Tras un día, el servicio emitió un nuevo pronunciamiento complementario.

El pasado 30 de marzo, la Dirección del Trabajo (DT) fue tema de conversación entre abogados y trabajadores, a raíz de un dictamen que generó fuertes críticas.

En el polémico pronunciamiento, el servicio sostuvo que no resultaría razonable, ni legítimo, que el empleador, a priori «niegue a sus trabajadores el ingreso a prestar servicios por no contar con un examen PCR negativo para la detección de Covid-19, sin existir, en el caso concreto, alguna sospecha de contacto que requiera la concurrencia de dicho trabajador a un centro asistencial».

De acuerdo al dictamen, si al trabajador no se le ha otorgado una licencia médica, no habría una justificación para ausentarse a sus labores, por lo cual el empleador mantiene intactas sus obligaciones de pagar remuneración y otorgar el trabajo convenido al trabajador.

Según explicaron desde Fontaine & Cía. Abogados, para la DT si bien el test de PCR seria un medio apto para la detección del Covid-19, «su exigencia sería discriminatoria si es que no existen en concreto sospechas de contacto. Por parte del trabajador, solamente puede eximirse de su obligación de prestar los servicios convenidos, si es que presenta una licencia médica, sea preventiva o por enfermedad», explicaron. 

Si bien el dictamen surgió luego de que el servicio fuera consultado por la Superintendencia de Seguridad Social, el pronunciamiento fue duramente criticado por varios abogados a través de redes sociales, quienes aseguraron que el servicio estaría «descuidando» la salud y protección de los trabajadores.

El dictamen que complementó el polémico pronunciamiento

Tras esto, el pasado 1 de abril el servicio volvió a pronunciarse sobre esta materia, emitiendo un pronunciamiento complementario que modifica su interpretación inicial, sosteniendo que sería «perfectamente admisible que el empleador requiera a sus trabajadores el examen PCR» como un mecanismo idóneo para lograr la prevención y control del contagio del Covid-19.

«La medida antes mencionada se entenderá jurídicamente admisible en aquellos empleadores que actualmente estén realizando o en el futuro quieran realizar exámenes PCR a sus trabajadores, y por tanto podrán continuar haciéndolo o empezar a hacerlo según corresponda, siempre que el costo económico que aquello signifique sea asumido por dicho empleador«, dice el nuevo dictamen.

Según explica Jorge Arredondo, socio y director laboral de AZ, este último dictamen, lo que hace en rigor «es establecer que no existiría un impedimento legal» cuando existan razones justificadas» para la realización de estos exámenes.

«Ello implica que dependiendo del tipo de servicio que realizan los trabajadores, siempre que el empleador asuma el costo, consignándose ello en el reglamento interno y no implicando una medida discriminatoria, el examen de PCR es un mecanismo válido y legal para la DT, que implicaría una obligatoriedad en someterse a ese examen cumpliéndose los requisitos previamente señalados», detalla.

En la misma línea, desde Fontaine & Cía. Abogados agregaron que con este nuevo dictamen, el empleador, en cumplimiento de su deber de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, «puede requerir el test PCR a los trabajadores, especialmente en el lugar donde prestan sus labores, siempre que el costo económico sea asumido por el empleador y que la aplicación no constituya una conducta discriminatoria, ni atente contra sus derechos fundamentales».

Por su parte, la directora del Trabajo, Lilia Jerez, sostuvo que el segundo de los dictámenes buscaba profundizar en un aspecto ya tratado en el primer dictamen «en el sentido de si es posible o no que el empleador puede solicitar examen de PCR a sus trabajadores. La misma respuesta positiva se da en ambos dictámenes, estableciendo que ello si bien es una medida que apunta a proteger la vida y salud de los trabajadores, debe ser financiada por el empleador y nunca puede constituir la aplicación de algún criterio que suponga discriminación ni atentado a los derechos fundamentales de sus trabajadores».