Abogado presenta demanda contra el pleno de la Asamblea por el nombramiento de magistrados a la Sala de lo Constitucional



El abogado Enrique Anaya señala que el nombramiento de los magistrados es una clara violación al debido proceso para su elección.

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en contra del pleno de la Asamblea Legislativa por considerar ilegal el nombramiento de tres magistrados para la Sala de lo Constitucional.

“El nombramiento está viciado de nulidad absoluta, ya que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elección de magistrados de la CSJ, incluyendo la Sala de lo Constitucional”, señaló el demandante.

Anaya pide al máximo tribunal la nulidad del decreto número 2 aprobado con fecha 1 de mayo en el que se nombró a los abogados Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, quienes señala no se tomaron de la lista que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) presentó a la Asamblea.

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Asimismo señala que para su elección no existió un estudio público  y no hubo deliberación en el pleno legislativo sobre sus perfiles por lo que considera una clara violación a Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y a los debidos procesos de elección.

“Es esencial, tanto para la operatividad de los principios constitucionales de objetividad e imparcialidad de la administración pública (incluida la Asamblea Legislativa), como para la real vigencia de los principios legales de objetividad, eficacia, y buena fe, que el nombramiento, elección y designación de funcionarios públicos, incluso cuando se trate de elección de segundo grado se observen y se cumplan plenamente los requisitos, formalidades y exigencias procedimentales: en definitiva existe entonces un interés difuso en evitar que se nombre o designe a un funcionario público mediante violación de un procedimiento legal previsto”, plantea la parte demandante en el documento emitido con fecha 4 de mayo de 2021.

Enrique Anaya ha señalado la ilegalidad del nombramiento de los cinco abogados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el pasado sábado establecieron los diputados oficialistas.

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“Si ese decreto es inconstitucional, por efecto directo el nombramiento de los nuevos magistrados es nulo, es inexistente”, dijo en declaraciones anteriores.

El abogado constitucionalista explica que para la elección de los magistrados en mención es útil señalar que existe un interés público y difuso para el efectivo cumplimiento de tales previsiones legales, en tanto que “afecta a toda la población que se nombre como funcionarios –en este caso, a supuestos magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin seguir el debido procedimiento”.

Esto es así porque la designación de altos cargos “puede afectar tanto al titular de manera individual como a una pluralidad indeterminada de personas, de modo tal que un conglomerado significativamente amplio e indeterminado de sujetos pudiera ser afectado por las actuaciones de un funcionario público nombrado sin observar el procedimiento legalmente consagrado”.

Se establece en la demanda que el acto administrativo impugnado presenta vicio de forma, pues no se siguió ni se observó el procedimiento que la ley fija para acordar una elección de segundo grado y, de modo específico, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El pasado sábado, durante la primera sesión plenaria de la actual Asamblea Legislativa los diputados aprobaron con 64 votos destituir a los magistrados, electos en 2018, mediante  una solicitud  con dispensa de trámite, es decir, sin ser discutida en las comisiones.

Durante los casi dos años de gobierno de Nayib Bukele, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha sido uno de los filtros para detener los abusos de poder del gobierno del gobierno central.

La condena internacional ha sido amplia tras los hechos del 1 de mayo, con los que se dio un golpe de Estado y se quebrantó la separación de poderes.