EN VIVO: Expresidente Saca admite pagos fuera del Ejecutivo y a otros partidos políticos



Elías Antonio Saca, condenado por enriquecimiento ilícito, reconoció también una práctica de sobresueldos en su gabinete de gobierno. Abogados consideran que esa práctica incluso podría configurarse como un “soborno” dependiendo de las condiciones en que los dineros fueron entregados.

Tal como se anunció la semana pasada, durante la primera sesión de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga los sobresueldos entregados a funcionarios, exfuncionarios y personas jurídicas o naturales, Elías Antonio Saca, expresidente condenado por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito, llegó esta tarde a dicha comisión para comparecer ante los diputados.

 

El expresidente admitió que pagó a funcionarios fuera del órgano Ejecutivo así como a otros partidos políticos.

“Para este servidor los gastos reservados eran legales”, según información y directrices que recibió de su antecesor, dijo Saca, a diputados de la comisión especial que investiga fondos de sobresueldos en gobiernos anteriores.

El expresidente Saca manifestó que ministros, viceministros y altos funcionarios del gobierno que él administró recibían $10,000 adicionales de sobresueldo además de su salario mensual. Asimismo, indicó que exfiscales recibieron estos pagos. También dijo que se le entregó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia como “apoyo institucional”.

De sobresueldo a posible soborno

Al respecto de las declaraciones del expresidente Saca de que durante su gestión entregó “refuerzo institucional” a otros funcionarios como los ex fiscales generales y magistrados dos abogados consideran que esa práctica ya no entra dentro de lo que puede considerarse un sobresueldo, incluso podría configurarse como un “soborno” dependiendo de las condiciones en que los dineros fueron entregados.

Eduardo Escobar, abogado, consideró que habría que indagar de qué forma el ex presidente Saca entregó ese dinero a los ex funcionarios, porque al ser funcionarios que eran subalternos podría dar lugar a configurarse como delito.

“Habría que indagar, dependiendo del motivo por el cual se daba ese dinero puede uno pensar que se hizo para que (el fiscal) no investigara un caso o investigara uno que le interesaba (al Presidente) eso incluso podría ser un soborno”, ponderó Escobar.

Y añadió: “El sobresueldo es que el funcionario entrega como un excedente del salario de un subalterno. Pero en el caso de los fiscales y magistrados ahí no hay una relación de subordinación sino de igual a igual. Podría ser considerado como soborno”, analizó el además director de Acción Ciudadana.

Otro abogado, quien prefirió omitir su nombre, se expresó en términos parecidos, pero aunque dijo que definitivamente si esos dineros eran entregados a funcionarios fuera del Ejecutivo ya no se trata de un sobresueldo, pero consideró que habría que ver bajo qué figura legal se entregaron esos “refuerzos institucionales” para determinar el concepto bajo el que fueron entregados.

La solicitud para que Saca abandone temporalmente la celda donde se encuentra recluido en el Centro Penal “La Esperanza” y pudiera asistir a la comisión la hizo el pasado 16 de julio el secretario de la misma, el diputado Raúl Castillo, a través de una carta dirigida al Juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, quien posteriormente autorizó su salida hacia la Asamblea.

Además del expresidente Saca, quien gobernó el país entre 2004 y 2009, la comisión ha citado también a su exsecretario privado, Elmer Charlaix, para que comparezca y  resuelva las dudas de los diputados de la comisión.

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Antonio Saca fue condenado a una pena de 10 años de cárcel en septiembre de 2018, cuando se comprobó su participación en el desvío de $301 millones provenientes de los fondos públicos, a través de un elaborado sistema de enriquecimiento ilícito donde involucró a sus empresas radiales.

Más temprano, la comisión también recibió al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien se limitó en la mayoría de sus respuestas a afirmar que “todo lo que recibió o autorizó fue lícito y apegado a la ley”.

Además de Cristiani, la comisión también recibió a su exsecretario privado, Arturo Tona, para que responda los cuestionamientos en torno a los supuestos sobresueldos entregados en dicho gobierno.