La jueza Laura Taylor Swain anula la Ley de Retiro Digno


El gobernador Pedro Pierluisi y el liderato legislativo recibieron este miércoles el primer revés en su intento por detener la reforma a las pensiones, cuando la jueza Laura Taylor Swain dejó sin efecto la Ley de Retiro Digno.

La decisión de Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, se produce al tiempo en que la Legislatura debe llegar a un acuerdo en torno al proyecto que necesita la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para reestructurar de la deuda y por ende, implementar el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, de este confirmarse el mes entrante.

De acuerdo con la determinación de Swain, la Ley de Retiro Digno afectaría la capacidad de la JSF de “asegurar el cumplimiento con el plan fiscal a futuro y asegurar la implementación exitosa de un plan de ajuste”.

Pero según Swain, la legislación aprobada por el gobierno territorial intenta “limitar el poder del tribunal para hacer cumplir la ley federal Promesa y busca “desmantelar cualquier plan de ajuste que presente (la JSF) y que sea confirmado por el tribunal”.

“Estas provisiones confligen directamente con el propósito de Promesa de proveer estabilidad financiera de largo plazo al gobierno (de Puerto Rico) y son inválidas”, reza la orden de la también jueza presidenta del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

La anulación de la Ley 7 deja sin alternativas a los empleados públicos que buscaban detener los recortes a las pensiones y la congelación de beneficios futuros a los empleados todavía activos. En especial, la anulación de la Ley 7, deja al magisterio de Puerto Rico en el sistema público de enseñanza sin otra alternativa luego de que el mes pasado, ese grupo votara en contra de una propuesta negociado por la JSF y la Asociación de Maestros y que habría flexibilizado las condiciones para acogerse a la jubilación.

Si bien en el proyecto de reestructuración de la deuda, la Legislatura ha incluido lenguaje a los fines de condicionar la emisión de bonos que es necesaria para modificar la deuda vigente. Tras esa movida, el pasado viernes, la JSF advirtió que la nueva versión del proyecto cameral 1003 no permitiría implementar el PDA.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández citó a una reunión el próximo 16 de octubre para ver si será posible llegar a un acuerdo.

Consulta aquí la decisión de la jueza:

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