Las claves del primer juicio a Villarejo en la Audiencia Nacional





El excomisario José Manuel Villarejo vuelve este miércoles a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez ante la Audiencia Nacional. El tribunal celebrará un primer macrojuicio englobando tres piezas separadas del conocido como ‘caso Tándem’, la operación que destapó sus supuestos encargos de espionaje y por la que fue detenido hace casi cuatro años.

Desde entonces, Villarejo ha sido el gran protagonista de una causa judicial que ha ido creciendo a medida que se descubrían más negocios presuntamente ilícitos que han llegado a salpicar desde a altos cargos de empresas del IBEX35 hasta a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, procesada por la conocida ‘Operación Kitchen’.

De este modo, la macrotrama de corrupción policial ha llegado a configurar un puzzle de más de una treintena de investigaciones diferentes. A pesar de este amplio número de piezas separadas, lo que llevará por primera vez al comisario ante la Audiencia Nacional en calidad de acusado son los tres proyectos independientes denominados ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, unidos en una única vista por decisión de los magistrados.

El juicio arrancará el miércoles y está previsto que se desarrolle en más de una veintena de sesiones que se prolongarán hasta principios de 2022, de acuerdo con el calendario inicial, aunque podría variar. Esta semana estará centrado únicamente en las cuestiones previas y se reanudará ya en noviembre con los primeros interrogatorios a los encausados.

El principal acusado: el excomisario Villarejo

Villarejo, principal imputado de la pieza, está acusado de llevar a cabo presuntos trabajos de espionaje durante décadas por encargo de clientes particulares y de grandes compañías a través de su empresa Cenyt con el objetivo de perjudicar a posibles rivales. Por ello, se enfrenta a delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias y extorsión en grado de conspiración.

Sin embargo, más allá de quién le contratara y con qué intención, el denominador común de estas piezas separadas es que Villarejo habría constituido el entramado societario valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a los recursos policiales a su alcance para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas de millones de euros.

El comisario jubilado fue detenido en noviembre de 2017 por estos hechos junto a su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y pasó tres años en prisión preventiva. Finalmente, el juez Manuel García-Castellón decretó su salida el pasado mes de marzo de la cárcel madrileña de Estremera con medidas cautelares. «Nada más quiero defenderme y por supuesto voy a desenmascarar a todos», declaró Villarejo entonces, asegurando que colaboraría con la justicia.

Los otros imputados

No será el único encausado. Junto a él se sentarán en el banquillo 27 imputados, entre los que figuran el exjefe de la Unidad Central Adjunta Operativa de la Policía, Enrique García Castaño ‘El Gordo’, y los empresarios Fernando y Juan Muñoz, este último marido de Ana Rosa Quintana. También está incluida la mujer de Villarejo, su socio Rafael Redondo y otros antiguos mandos policiales y colaboradores como Antonio Bonilla y Constancio Riaño.

Tres piezas, un único juicio: ¿qué se juzga?

‘Iron’

En esta pieza se juzgará si el despacho de abogados Herrero&Asociados contrató a Cenyt en junio de 2013 para que espiara a un bufete de la competencia, Balder IP Law, fundado por extrabajadores suyos y que se había llevado varios clientes del área internacional.

Según el Ministerio Público, el encargo consistía en que Villarejo obtuviera información, entre ellos «datos reservados y sensibles», para nutrir una denuncia que el comisario hizo progresar en sede policial para causar un daño reputacional al nuevo despacho.

Así, acusa a Villarejo de llevar a cabo «una multitud de actuaciones ilícitas» aprovechándose de su condición policial, incluido el acceso a información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social, que habría conseguido de bases restringidas con la ayuda de otros agentes, funcionarios y colaboradores externos.

‘Land’

En este caso se investiga la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Anticorrupción relata que la compañía Procisa habría contratado a Cenyt entre 2012 y 2014 para que le suministrara «información reservada» sobre terceros para utilizarla contra ellos de cara a resolver «situaciones de crisis empresarial».

Algunos de los investigados por Cenyt habrían sido Silvia Concepción Gómez-Cuétara Novoa, viuda del dueño de Procisa Luis García-Cereceda, con el presunto objetivo de beneficiar a su hija Susana García-Cereceda en el reparto de la herencia; Jaime Ostos Alcalá, a quien buscarían presionar para apartarlo de la gestión del elevado patrimonio de su mujer, Yolanda García-Cereceda, que poseía acciones de la compañía; y el arquitecto Joaquín Torres Vérez, para disuadirle de los contenciosos económicos entablados contra Procisa.

En una segunda etapa, ‘Land’ habría derivado en trabajos de inteligencia y análisis de información, así como de «intoxicación informativa en los medios de comunicación», contra una serie de personas cuyos intereses económicos podían perjudicar a Procisa.

‘Pintor’

Por último, en ‘Pintor’ se juzgará el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz a Villarejo en 2017, año en el que, a diferencia de las otras dos piezas, ya no trabajaba como comisario.

Ambos hermanos le pidieron supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía, a fin de que revocara su declaración de insolvencia y afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.

Las acusaciones contra Muñoz, su hermano y su abogado se basan en grabaciones incautadas a Villarejo en los registros que ordenó el juez cuando se produjo su detención.

¿A cuántos años de cárcel se enfrentan?

Es por todo esto que la Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de hasta 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

Concretamente, el Ministerio Público plantea que Villarejo sea condenado a 57 años de cárcel por la pieza ‘Iron’, 38 años y 10 meses por ‘Land’ y 14 años por ‘Pintor’.

En el caso de los demás acusados, las peticiones varían según la implicación. Por ejemplo, para García Castaño pide 52 años de cárcel y para Rafael Redondo 51. Sin embargo, la Fiscalía ha alcanzado acuerdos con algunos de los acusados por el que rebajaría su petición si admitían los hechos, como es el caso de Susana Cereceda, que ha visto su posible pena de 17 años reducida a solo dos. Lo mismo ha ocurrido en la pieza ‘Pintor’ con respecto a Juan Muñoz.

La punta del iceberg: otras causas pendientes

Este juicio a Villarejo, que ya fue absuelto por otro tribunal de los delitos de injurias y denuncia falsa contra el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, supone tan solo la punta del iceberg del ‘caso Tándem’.

Varias piezas siguen en instrucción, como los proyectos relativos a Iberdrola y BBVA, que tienen como imputados al presidente de la primera, Ignacio Sánchez Galán; y a quien encabezase la segunda entidad, Francisco González.

En otras, sin embargo, ya hay auto de procesamiento contra los implicados, como en la trama ‘Kitchen’, sobre el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que está procesado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

En la misma situación está el proyecto ‘Wine’, donde están procesados dos exjefes de Seguridad de Repsol y Caixabank y donde el juez archivó la causa para el presidente de la energética, Antonio Brufau, y quien fuera su homólogo en la entidad bancaria, Isidro Fainé, así como a las dos cotizadas como personas jurídicas.