Roberto Picón condenó la inhabilitación de candidatos a los comicios del 21-N


Caracas.- El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter, condenó al tiempo que expresó su preocupación por el uso de la sanción de inhabilitación contra quienes buscan su postulación legítima de cara a los comicios electorales del próximo 21 de noviembre.

«Vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», declaró el funcionario. 

Picón, señaló que estas sanciones contra ciudadanos que han pretendido postularse y han sido sorprendidos con la medida, «no pueden ser ignorados», ya que se trata de una clara violación de preceptos como el «derecho al debido proceso, y el derecho a no ser inhabilitado políticamente sin sentencia judicial firme», afirmó.

Agregó que estas practicas «mutan en su diseño constitucional de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos; dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable e inconstitucional».

Sobre esto, explicó que el artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que quienes no podrán optar a un cargo de elección popular son aquellos que hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

«Con tales previsiones constitucionales se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa», puntualizó.

En ese sentido, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, compartió la postura de Roberto Picón y expresó en su cuenta de Twitter, que: «El uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos».

Es oportuno recordar que el próximo 21 de noviembre, se elegirán a los gobernadores de 23 estados y a los alcaldes de 335 municipios del país, así como a los representantes de los Consejos Legislativos regionales y locales.